Una pequeña introducción

El gobierno de Raúl Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones de los Derechos Humanos durante el régimen militar anterior.

La Ley de Punto Final, fue sancionada un año después del Juicio a los principales jefes militares (23 de diciembre de 1986).

El gobierno de Raúl Alfonsín promovió esta ley que fijaba un plazo de 30 días para receptar las denuncias contra militares en la justicia por violación de los Derechos Humanos.

La Ley de Obediencia Debida, fue sancionada el 4 de junio de 1987, la función de está ley era la de absolver a los militares de rango intermedio y menor, dando lugar al desprocesamiento de la mayoría de oficiales y suboficiales.

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