Faltando 5 semanas para las elecciones, Benito Bignone, el último dictador, firmó un decreto de autoamnistía, para generar la reconciliación nacional; el decreto afirmaba que las fuerzas armadas lucharon por la dignidad del hombre, mientras que la subversión terrorista planteo la batalla.
Durante la campaña electoral de 1983 el candidato de la UCR Raúl Alfonsín prometió que no habria impunidad para los crímenes del terrorismo de estado, mientras el Justicialista Italo Luder anunció la validez de la autoamnistía dictada por las propias fuerzas armadas.
Alfonsín elaboró un complicado mecanismo cuya aplicación práctica se le fue de las manos.Por un lado la Comisión de notables, que sólo debía confeccionar la lista de personas detenidas desaparecidas. Por otro, la inclusión en el código de Justicia Militar de una cláusula de obediencia debida, para que las propias fuerzas juzgaran a unos pocos altos jefes y exculparan a quienes siguieron sus órdenes. La CONADEP, en cuya secretaría trabajaron los organismos de derechos humanos que habían documentado el accionar criminal de la dictadura mientras ocurría, no sólo identificó a los desaparecido, sino también a los desaparecedores.
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